S. Basaldúa

Starship, Skylab y la prepotencia de las potencias

Hace pocos días, el gobierno de México impidió que embarcaciones  privadas vinculadas a SpaceX recuperaran fragmentos de la nave Starship, desintegrada parcialmente tras su reingreso atmosférico, que cayeron en aguas cercanas a su costa.

Lejos de esgrimir argumentos de soberanía que podrían haber encendido muchas alarmas diplomáticas, México se amparó en razones ambientales: evitar la contaminación de sus ecosistemas marinos, proteger sus playas y prevenir incidentes con sustancias o materiales que pudieran ser tóxicos.

Aunque no haya titulares bélicos, lo que subyace aquí es un conflicto de escala y jurisdicción: la tensión entre intereses comerciales globalizados y el derecho de los países del sur global a ejercer control sobre sus territorios, sus aguas y su bienestar. En otras palabras, lo que Elon Musk intenta presentar como una recuperación rutinaria de restos espaciales tecnológicos es, en realidad, una avanzada más en el despliegue unilateral de empresas que se sienten autorizadas a actuar sobre cualquier geografía sin mediación.

No es la primera vez que algo así ocurre. En 1979, cuando los restos de la estación espacial Skylab cayeron sobre el oeste de Australia, el gobierno local impuso una multa simbólica a la NASA por arrojar basura en espacios públicos. Aunque Estados Unidos jamás pagó esa multa, el mensaje fue claro: los satélites pueden no tener pasaporte pero los trozos que dejan al caer no son ajenos al derecho internacional ni al respeto por las comunidades que habitan la Tierra.

En ambos casos -Skylab y Starship-, la caída de objetos celestes permite leer una constante política: el desinterés con que las potencias tecnológicas tratan los «otros» espacios, aquellos que consideran periféricos, explotables o simplemente funcionales a sus objetivos. Esto es, la frontera no está en el espacio exterior, sino en el modo en que se coloniza la superficie terrestre para sostenerlo: desde las pruebas militares en atolones del Pacífico, lanzamientos sobre zonas marítimas «no reclamadas» hasta residuos arrojados sobre poblaciones que no fueron invitadas al banquete aeroespacial.

Las empresas privadas como SpaceX operan con una lógica todavía más peligrosa que la de los Estados pues no tienen población que representar ni soberanía que negociar. Solamente tienen objetivos financieros, inversores impacientes y una narrativa de progreso que no tolera obstáculos. Y cuando un país dice «no», cuando un gobierno se planta en defensa de su medio ambiente o de su población, el gesto suele ser recibido como un capricho tercermundista, como una molestia menor en la carrera hacia la Luna o Marte.

Pero no hay gesto menor en la defensa del derecho a no ser un basurero orbital. La basura espacial, una metáfora literal en este caso, condensa un modelo de relación internacional basado en el desecho, lo que no se usa se descarta, lo que no se controla se ignora, lo que no genera ganancias se olvida. México hizo bien en resistirse, y lo hizo por sus playas. Pero también, aunque no lo diga, por algo muchísimo más profundo: la necesidad de recordarle al mundo que ningún proyecto, por innovador que sea, tiene derecho a imponerse sobre la dignidad y el bienestar de quienes viven bajo su trayectoria.